La implementación del régimen de protección patrimonial al emprendedor individual del derecho francés en Colombia, con una mirada desde el derecho comparado

Abstract

El emprendimiento se ha integrado en el seno de la economía colombiana y constituye, hoy por hoy, un tema de actualidad. Si bien es cierto que la creación de empresa en Colombia no es una novedad, la noción actual de emprendimiento -el denominado ecosistema emprendedor2 de Isenberg y Spigel- hace parte de un cambio de paradigma que se vive en la actualidad, según el cual la búsqueda y obtención de un empleo tradicional ya no es percibida como la única forma viable de generar ingresos. Ello se traduce en una tendencia incremental hacia la independencia y el autoempleo. El emprendedor, como agente económico generador de empleo, requiere de una infraestructura institucional que lo apoye. De acuerdo con la versión más reciente del estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del Banco Mundial, Colombia ocupa, entre los países participantes, el vigésimo tercer puesto en el Índice Nacional sobre el Contexto Empresarial3 , y “el primer puesto respecto a los países latinoamericanos” (Pereira Laverde et al., 2022, p. 55). Si bien Colombia se posiciona favorablemente con respecto a sus países vecinos, persisten falencias en materia de financiamiento, políticas públicas y programas de gobierno, por lo que nuestro país “tiene una importante ventana de mejora hacia el futuro para equiparse al de las economías impulsadas por la innovación” (p. 125). La Ley 2069 de 2020 constituye la innovación jurídica más reciente, ofreciendo un marco institucional favorable para el emprendedor y creando ciertas medidas de apoyo y disposiciones en materia de acceso al financiamiento. No obstante, el emprendedor colombiano continúa siendo, como lo indican los resultados del estudio precitado, un agente económico en estado relativo de precariedad.