Análisis jurídico a la Ley 2136 de 2021 y las garantías que ofrece el Estado colombiano a los apátridas nacidos en el exterior

Abstract

Ha sido constante en la historia del hombre que los pueblos identifiquen a quienes hacen parte de su comunidad, estableciendo los lazos comunes que los unen especialmente los relacionados con tradiciones y costumbres, permitiendo una mayor afinidad entre todos, pero, especialmente, con lo entidad que los gobierna sin importar el nombre que vaya tomando como ciudad, Estado o nación, siendo lo más relevante que exista ese vínculo entre las personas y el ente que los gobierna. Surgiendo, de esa manera, la nacionalidad como ese vínculo que posibilitaba unir a la persona con el Estado sustentada en factores socio-culturales, así como jurídicos, derivando en obligaciones y deberes recíprocos representados en el ofrecimiento de protección de parte de unos y el deber de fidelidad y lealtad de otros. Así, se fue configurando la nacionalidad como un elemento esencial de la identidad de una persona, convirtiéndose más tarde en un derecho humano fundamental reconocido por diversos instrumentos internacionales, en razón que como lo expresa Godio (2021), existe una estrecha relación entre el derecho a la nacionalidad y la dignidad humana que es admitida por las entidades que forman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos como son la CIDH y la Corte IDH. No obstante, ha sido notoria desde la antigüedad las movilizaciones de comunidades enteras motivadas por la búsqueda de encontrar nuevas formas de subsistencia. Esas movilizaciones humanas, han dado nacimiento al fenómeno de las migraciones que conducen, en unos casos, a una cantidad considerable de personas a desplazarse hacia otros países, muchas veces los fronterizos, por la cercanía que les representa o porque tienen afinidades de culturas, tradiciones o lengua. Claro que, con ellas se presentan algunas dificultades para los migrantes, en especial si la migración es irregular, colocándolos en circunstancias de exclusión, desprotegidos y discriminados, sumiéndolos en una vulnerabilidad extrema al encontrase en un limbo jurídico y transgredido en sus derechos humanos por no pertenecer de facto al Estado receptor (Rodríguez y Ovalle, 2020). Ahora, en los últimos años Colombia ha sido receptora de cantidades desmedidas de personas de nacionalidad venezolana, quienes llegan a instalarse en algunas ciudades colombianas o en tránsito hacia otros países y, por diferentes circunstancias, el flujo migratorio de nacionales venezolanos hacia Colombia y otros países sigue en aumento. Sin poder, establecer un número real por la cantidad que llega ilegalmente a través de las trochas (OEA, 2020), encontrándose en 2021 que hay casi dos millones de venezolanos inmigrantes en territorio colombiano (R4V, 2021).