Aplicación y prospección del deber de información en la casuística colombiana: periodo comprendido 2002 a 2012

Abstract

El deber de información es, en su sentido más estricto, una categoría jurídica fundamental del Derecho de consumo colombiano que tiene causa en el principio de la buena fe. Sin embargo, en comparación con la vigencia de las normas tradicionales del Código Civil su incorporación regulativa es reciente, esto es, fue el Decreto 3466 de 1982, conocido como el Estatuto del 82, que lo contempló por primera vez en Colombia, el cual a su vez fue posteriormente derogado por la Ley 1480 de 2011, que dio origen al Nuevo Estatuto del Consumidor (NEC), vigente en la actualidad y, en particular, es en el Título V del NEC donde se regulan los contenidos y alcances del deber de información. No obstante ello, y a pesar del esfuerzo del legislador, resulta difícil la aplicación del deber de información. Por tal razón, le corresponde a los jueces colombianos y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ‒ésta última de acuerdo a las facultades otorgadas mediante el proceso de desjudicialización, que se explicará en el contenido del trabajo‒, realizar un examen empírico de la labor de los administradores de justicia y de la SIC, a efecto de constatar los niveles de solución, interpretación y aplicación del deber de información en las relaciones contractuales de consumo. Así las cosas, nos ocuparemos en esta investigación del análisis jurídico de sentencias, conceptos y resoluciones proferidas por los intérpretes judiciales y la SIC, concretamente en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2012, en orden a que esto resulta relevante debido a que abarca el último avance jurisprudencial basado en el Estatuto del 82 y su transición hasta la entrada en vigencia del NEC. 8 En este orden de cosas, el propósito principal de la investigación es determinar si es posible o no establecer líneas jurisprudenciales provenientes de la aplicación del deber de información en la casuística colombiana, y de qué manera, y con base en qué fundamentos, se ha ejecutado en la práctica por parte de los operadores judiciales, teniendo presente durante el estudio los criterios de uniformidad y eficacia de los pronunciamientos.